Puerto Rico en peligro

A veces una misiva lo dice todo. En esto caso la carta llevaba el peso de millones de sindicalistas en el mundo entero incluyendo miles en Puerto Rico. Tenía advertencias apropiadas sobre la crisis económica de la isla. Tenía datos relevantes como el hecho que la economía de Puerto Rico viene disminuyendo catorce por ciento desde 2006. Y que la deuda del gobierno puertorriqueño es el doble de lo que era diez años atrás, llegando a $73 mil millones.

Pero más importante aún es que tenía las firmas de tres nombres grandísimos en el mundo sindicalista: Mary Kay Henry, Presidente de SEIU, trabajadores de salud, limpieza, mantenimiento y servicios gubernamentales; Lee Saunders, Presidente de AFSCME, trabajadores de servicios públicos; y Dennis Williams, Presidente de UAW, trabajadores de automóviles.

Estos líderes se dirigieron al gobierno federal –el secretario de hacienda– sabiendo muy bien que el crisis en Puerto Rico tiene que conseguir una solución en las leyes y políticas federales. Y tienen razón.

La deuda de Puerto Rico es enorme y pone en peligro todo que ha logrado la clase trabajadora y la clase media de la isla. Comparado a los retos de lugares como Detroit, Michigan o el Condado de Orange en California, la deuda de la isla es diez veces más grande. Esos lugares gozan de las protecciones de la corte de bancarrota donde una mediación federal de las reclamaciones de sus acreedores provee una salida estructurada. Al no ser ni municipio ni condado, Puerto Rico como territorio estadounidense, no puede acceder los remedios tradicionales de insolvencia.

Puerto Rico ya ha cortado empleos y servicios gubernamentales hasta llegar a una deterioro de servicios públicos que se ve en cada lugar. El gobierno ha aumentado impuestos de consumo que llegarán a nueve por ciento este año. Para los maestros y miembros de la policía que por ley no hacen contribuciones al Seguro Social, las pensiones gubernamentales están a punto de ir a la quiebra con una deuda de $33 mil millones.

Esta incertidumbre y volatilidad de la economía atrae a inversionistas predatorios, de la misma índole que quienes amenazaron a los gobiernos de Grecia y de Argentina durante sus crisis económicas. Puerto Rico ya vendió el aeropuerto en Carolina y hasta su sistema de salud pública, pero quedan las autoridades de agua, transportación, electricidad y hasta el sistema universitario.

Cada una de estas tiene bienes valerosos poniéndolos en la mira de inversionistas que buscan oportunidades para ganancias inmediatas en vez del bienestar del pueblo a largo paso. Una deuda típica de un municipio en los Estados Unidos no va más allá de diez por ciento en manos de estos inversionistas predatorios. En Puerto Rico estos oportunistas ya tienen 24 por ciento de la deuda gubernamental. En “Wall Street” sus fondos se titulan de buitres y la estrategias se denominan “prestar para adueñar.”

El sector sindicalista hizo su llamada convocatoria. Ahora les toca a los líderes latinos a demandar una solución federal. Puerto Rico no se puede hundir.

Este articulo fue publicado en El Diario y puedes veer lo aquí

Juan Cartagena Director de Latino Justice PRLDEF

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