Encarcelación privatizada

Juan Cartagena

El anuncio reciente del Departamento de Justicia sobre la eliminación de todo contrato con empresas privadas que manejan cárceles porque que la taza de abuso y violencia contra prisioneros en esos centros es más alta que en cárceles manejadas por el gobierno ha tenido un efecto inmediato.

El Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE), señaló que ellos también revisarán sus contratos con empresas privadas para verificar la cantidad de abuso y exigir contabilidad de las corporaciones que se nutren de la encarcelación de tantos latinos en el país, en su mayoría mexicanos.

En Wall Street ambas declaraciones resultaron en la disminución del valor de las acciones de las dos más grandes empresas: Correction Corp of America y GEO Group. No cabe duda que el trato a personas encarceladas, muchos de ellos por el mero hecho de cruzar la frontera, es incompatible con el motivo de ganancias del sector privado.

Esto se ve claramente cuando las empresas privadas ganaron el establecimiento de una cuota de 34,000 camas diarias en el sistema penal para los centros de detención. Al prolongar la estadía de ciertos encarcelados con la imposición de confinamiento solitario – una práctica que el Departamento de Justicia comprobó era más frecuente en cárceles privatizadas que en cárceles manejadas por el gobierno – también las ganancias suben.

Las dos empresas más grandes que están en la mira soltaron un contra-ataque. Es que los prisioneros son oriundos de México y los mexicanos están predispuestos a la violencia dijo GEO Group.

Sin embargo sucede todo lo contrario. La mayoría de inmigrantes encarcelados de esta manera por el Bureau de Prisiones no han sido acusado de ningún delito violento o de pandilla. Enfrentan solo un cargo: la entrada ilegal a este país según la organización Grassroots Leadership en Austin, Texas.

Todo esto sigue el estereotipo que inmigrantes tienen una probabilidad más alta hacia la criminalidad que ciudadanos americanos. Este mito es falso. Pero en un país donde los hechos son irrelevantes al mismo candidato narciso y multimillonario que desea ser presidente, no nos deber sorprender que el mito falsificado sigue latiendo. Lo usó el gobernador Pete Wilson de California, el presidente George G.W. Bush y el Concejo Municipal de Hazleton, Pennsylvania – todos para justificar propuestas anti-inmigrantes.

El centro de detención de Dilley, Texas, que se rige bajo un contrato federal, es un infierno para madres y niños centroamericanos. La privatización de este encarcelamiento es valorizado a $689 millones para Corrrection Corp y más de mil millones de dólares para GEO Group. Con tanto dinero en el tapete, ganancias y falta de veracidad es lo que domina.


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