Cuando la palabra persona se limita a ciudadanos

Una de las enseñanzas básicas en las escuelas de derecho es el requisito de interpretar palabras en leyes con un sentido común. Es decir, palabras comunes deben de significar lo que significan en el discurso común y cotidiano. El ejemplo más representativo de este principio para abogados de derechos civiles derive de la decimocuarta enmienda de la constitución. Ningún estado puede negar a cualquier “persona” la protección equitativa de la ley – reza esa cláusula. En cada contexto en que la Corte Suprema tuvo que interpretar la palabra “persona” se ha hecho sin contar con la ciudadanía de la persona que demanda la protección de la constitución. Cuando un latino retó la exclusión de mejicano-americanos de los jurados en las cortes penales de Texas en los años 50s la Corte Suprema estableció claramente que la decimocuarta enmienda protege a latinos igual que a los afro-americanos. Cuando el estado de Texas en los años 80s trato de negarle entrada a las escuelas públicas a niños indocumentados – casi todos chicos latinos – la Corte Suprema rehusó entrar en tecnicismos y legalismos sofisticados. Personas son personas, punto y final, así que niños indocumentados puede recibir las protecciones legales igual que otros niños, no obstante su estatus de inmigración.

Según la Corte Suprema, si no hay ambigüedad, la interpretación debe ser sencilla.

Ahora desde Texas viene otro reto al sentido común disfrazado en legalismos sofisticados.

A fines de mayo la Corte Suprema anunció que estaba listo para revisar un caso importantísimo en el desarrollo del poder político de comunidades con alta tazas de personas que carecen la ciudadanía americana. Es decir, un caso con consecuencias serias para la comunidad latina. En Texas una ciudadana americana de raza blanca reto el dibujo de distritos estatales para el senado estatal con el propósito de aumentar el poder político solamente de votantes en el estado. Distritos electorales deben de ser igual en el número de votantes exclusivamente, según esta demanda. La demandante vive en un sector rural del estado y se quejan de distritos más urbanos que incluyen muchas personas que no con ciudadanos. Y para seguir esta lógica, en Texas los distritos latinos tienen demasiados inmigrantes latinos. Establecer un equilibrio de personas en cada distrito electoral no es suficiente según este argumento, y peor aún dicen ellos, le roba poder político a votantes de Texas.

El caso, Evenwel vs. Abbott tiene la potencial de robar poder político a un sinnúmero de ciudades latinas en el país. Al aceptar la lógica de la Sra. Evenwel la Corte Suprema tendrá que rechazar más de 50 años de interpretaciones consistentes conocidas como “una persona, un voto”. Y bajo ese concepto “persona” siempre incluía cada persona, no solamente cada votante o cada ciudadano.

Pero peor aún sería el hecho que un dictamen en favor de esta tejana significaría que nuestros representantes electos sirven para representar votantes exclusivamente.

En el 2016 el poder político de latinos en el país entero será determinado por una pregunta básicamente sencilla: ¿cada latino es o no es una “persona”?

Este artículo fue publicado en El Diario y puedes verlo aquí

Juan Cartagena Presidente de Latino Justice PRLDEF

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