50 años esperando una traducción precisa

Juan Cartagena

En 1966 la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió el caso de Miranda v. Arizona en el área de derecho criminal. Interrogatorios de personas acusadas de crímenes en esos entonces utilizaban intimidación psicológica y/o física. La meta de la policía era procurar una confesión del delito para comprobar el crimen.

Ernesto Miranda fue arrestado de secuestro y violación de una mujer joven en Phoenix cuando tenía 23 años. No terminó sus estudios y sufría de ciertas enfermedades mentales. Negó la acusación. Pero después de dos horas de interrogación aislada los detectives obtuvieron una confesión escrita dizque voluntaria e inteligentemente hecha. La confesión fue aceptada por la corte criminal y el Sr. Miranda terminó encarcelado.

Los detalles de lo que ocurrió durante la interrogación no están muy claros. Lo que fue claro es que nunca informaron al acusado que tenía derecho de guardar silencio. O que cualquier cosa que diga podría ser usada en su contra en un tribunal. Nunca fue avisado que tenía derecho de consultar con un abogado. O que si no pudo pagar por un abogado, un abogado sería asignado de oficio, gratis.

Estos son los “derechos Miranda” que la Corte Suprema estableció hace cinco décadas atrás. Son parte de léxico cultural del país haciendo el caso de Miranda v. Arizona tal vez el caso más conocido a nivel popular.

Sin embargo todavía no existe una traducción de los “derechos Miranda” en español que sea precisa, uniforme y utilizada a nivel nacional. Varios errores y traducciones incompletas, hasta inventos lingüísticos, han resultado en la desestimación de cargos criminales. En Alabama en 2011 la palabra “silencio” fue traducida como “silento” como si añadiendo una vocal a cualquier palabra en inglés mágicamente la convierte en español. En el condado de Westchester en Nueva York en 2002 “Ud.” fue traducida literal y fonéticamente en vez de “usted”. En California en 2013 el derecho a un “abogado gratis” fue convertido al derecho a un “abogado libre”. Y en Wisconsin en 1996 el derecho de tener un abogado asignado o nombrado en el caso que el acusado no puede pagarlo fue descrito como el hecho de “apuntar un abogado”.

Todo esto está para cambiarse según la Comisión Hispana de Responsabilidades y Derechos Legales del Colegio de Abogados de EEUU (“ABA” por sus siglas en inglés). La Comisión bajo el liderazgo del Decano Alexander Acosta impulsó una resolución en la convención del ABA este mes para exigir que una traducción cultural y substantivamente precisa en español sea utilizada uniformemente por las autoridades policiacas al nivel federal, estatal, territorial y local. La resolución fue adoptada sin oposición.

Ya era tiempo. En los Estados Unidos hay casi 17 millones de hispanos que hablan español y admiten no poder hablar inglés muy bien. La Comisión, de la cual este servidor es miembro, utilizó estos datos para estimar que cada año 874,000 latinos, que necesitan una traducción de los “derechos Miranda”, son detenidos por la policía.

Después de 50 años estamos de camino hacia la justicia – en español.

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